Activistas exigen respeto a vida personal de Mayra

Organizaciones de la sociedad civil piden esperar a que la Fiscalía concluya la investigación de la activista Mayra Dávila, quien se encontraba desaparecida; piden no ventilar los asuntos personales respecto al caso.

Agradecieron a la Fiscalía General, la labor que realizó para localizar a Mayra ante la denuncia interpuesta por sus familiares y que el análisis de riesgo objetivo que se realizó fue correcto y procedente para la activación del Protocolo de Búsqueda de Mujeres Adultas también conocido como Protocolo Alba.

“Esperaremos a la conclusión de las investigaciones que aun realiza fiscalía para que se aplique el principio de publicidad de la Ley General de Víctimas”, refirieron a través de un comunicado. 

Explicaron que el Protocolo Alba es un instrumento de búsqueda necesario en el país y debe ser activado siempre que se considere que existe un peligro inminente para las mujeres no localizadas. 

“Su aplicación es de suma importancia para el esclarecimiento de la desaparición de miles de mujeres en nuestro país. Este caso nos permitió comprobar su eficacia cuando es implementado correctamente, pues permitió la localización de Mayra en las primeras 48 horas de su activación”, informaron en el posicionamiento.

Dejaron en claro que organizaciones de la Sociedad Civil se mantendrán firmes en el compromiso de participar de la mano de las autoridades en la búsqueda y localización de personas e indicaron que insistirán en que se apliquen los protocolos de búsqueda e investigación de la manera correcta.

Consideraron que las circunstancias personales que pudieran impactar en estas situaciones no deben ventilarse en medios de comunicación, sino ante las autoridades competentes según sea el caso.

Comentaron que la conclusión del proceso queda en manos de las autoridades.

Con el resultado de esta búsqueda reafirmaron la necesidad de que todas las autoridades en el ámbito de su competencia se sumen a la protección de las víctimas y sus familias y destinen todos los recursos necesarios, como lo dicta el derecho internacional, a la localización de las miles de personas desparecidas en nuestro país.