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Jueves 18 de Julio 2019

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Amagan ambulantes regresar a la Alameda

Especial Foto Capital Media
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26 de Mayo 2017
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El incumplimiento de esta sentencia ocasionaría la destitución y enjuiciamiento de los funcionarios responsables

Por: Alejandra Cueto

 

El abogado David César Tarello Leal y Frida González Loyola Acosta, hija de Pablo González, líder de la Unidad Cívica Carrillo Puerto, anunciaron que la autoridad federal confirmó la sentencia del amparo otorgado a comerciantes para que sean reinstalados afuera de la Alameda.

Explicaron que el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa¡ resolvió sentencias ejecutorias de los amparos en revisión; en las determinó desechar el recurso interpuesto por el secretario de gobierno capitalino , Manuel Velázquez, y declaró improcedente el recurso de revisión interpuesto por el Director de Inspección, Hugo Serrano; además de que confirmó el sobreseimiento de las autoridades responsables que negaron los actos reclamados.

Con esta decisión, confirman el amparo contra la orden de retiro de los comerciantes que emitió Serrano, el decomiso de mercancía, además del efecto de restituir a los vendedores quejosos, al estado que tenían anterior a estos hechos, es decir, ubicados en el corredor comercial de la Alameda Hidalgo, y para lo cual tenían licencia vigente hasta Diciembre de 2016.

De acuerdo con la información que proporcionaron los comerciantes, el incumplimiento de esta sentencia ocasionaría la destitución y enjuiciamiento de los funcionarios responsables, y la autoridad les da tres días para dar cumplimiento.

Tarello Leal detalló que ya no podría proceder algún recurso, puesto que en caso de que así fuera, podría tratarse de una táctica dilatoria y podría ser un delito contra la administración de justicia. “El único que  procedería es el recurso de revisión, pero solo en dos casos: uno, que se haya hecho una interpretación directa de la Constitución, cosa que no sucede; o bien, que haya inconstitucionalidad de alguna norma, que tampoco es el caso (…) fue una violación directa a los artículos 14 y 16 de la Constitución, porque en el momento en el que llegó el municipio a retirar los carritos dijeron que lo hicieron como una medida de seguridad, pero no mostraron orden de inspección o verificación, en la que hayan notificado (…) fue totalmente arbitraria y sin oportunidad de defensa”.

Por su parte, Frida González, advirtió que esta fue una guerra que el Municipio decidió realizar, y que siempre les ofrecieron alternativas de reinstalación fuera del Centro Histórico, cuestión que era injusta, puesto que tienen el derecho de estar en esa zona.

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