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Foto: Cuartoscuro
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Anaya decide comprobar la licitud de sus operaciones

Publicó un documento dónde explica cómo fue que adquirió el terreno de Querétaro y de dónde sacó el dinero
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El candidato a la presidencia por la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, decidió “comprobar ante el pueblo de México la licitud moral, legal y política de las operaciones, estrictamente mercantiles y privadas, consistentes en la compra de un terreno, la construcción que en él se edificó y la posterior enajenación de ese inmueble”.

A través de su página de internet, dio a conocer los documentos sobre la nave industrial que vendió al empresario Manuel Barreiro Castañeda en 54 millones de pesos, el cual está siendo investigado por la Procuraduría General de la República (PGR) por el delito de lavado de dinero.

En dichos escritos, se desglosan los recursos de la operación inmobiliaria, la cual, de acuerdo con Anaya, ha provocado que distorsionen los hechos para difamarlo.

En la primer parte del documento, dio los antecedentes a los hechos relevantes que contribuyen para entender su caso:

Ingresó al servicio público a los 19 años de edad, contando ya con patrimonio propio, mismo que consta en el Registro Público de la Propiedad del Estado de Querétaro, además señaló que siempre ha hecho las declaraciones en tiempo y forma ante las autoridades, por lo que consta “de manera transparente la evolución de su patrimonio”.

Como segundo punto destacó que sus gastos familiares y personales no sólo lo cubre su cargo como servidor público, si no que vienen de negocios familiares en los que se puede comprobar todas las transiciones en escrituras públicas y a través de su sistema bancario. Dichos movimientos las ha registrado en sus declaraciones de impuestos anuales y en sus declaraciones públicas respectivas.

Asimismo dijo que la familia de su esposa tiene entre sus integrantes a empresarios conocidos y respetados en Querétaro, “con clara solvencia económica desde hace muchos años”, por lo que las operaciones comerciales realizadas con el predio y la nave industrial en el que se vio involucrado fueron hechas y compradas por particulares sin intervención de autoridades gubernamentales ni recursos públicos.

Como quinto punto dijo que nunca tuvo conocimiento, indicio o prueba que involucraran a Barreiro en alguna conducta delictuosa; quién está “real o supuestamente” involucrado con la empresa que compró el predio y la nave industrial.

Sin embargo, la compra del terreno, la construcción de la nave industrial y su posterior venta están respaldadas por la documentación que la ley exige, la cual, señaló Anaya, ha sido del conocimiento de las autoridades respectivas desde el momento que se realizaron las operaciones. Aproximadamente hace año y medio.

Un segundo apartado del documento señala las acusaciones en su contra y “los hechos”, donde dice que lo señalan de haber comprado un terreno con valor de 10 millones de pesos y venderlo en 54 millones de pesos, con una ganancia de 44 millones por el predio.

Ante ello puntualizó que dichas aseguraciones son “falsas y dolosas”, ya que “uno fue el precio pagado por el terreno, otro el monto de la construcción de la nave industrial y, finalmente, el precio de venta de lo ya construido”.

Para explicarlo de manera más clara dijo que el predio fue adquirido por la empresa JUNI SERRA, S. DE R.L. DE C.V., propiedad de su esposa y suyo, en $11 millones 918 mil 19 pesos con 41 centavos (incluido el IVA); sin embargo por haber sido la operación en dólares el precio de adquisición final ascendió a 15 millones 302mil 949 pesos con 73 centavos, de nuevo con el IVA incluido.

La suma del terreno y la nave industrial dan un total de 33 millones 598 mil 630 pesos con 13 centavos, cifra de la cuál se le acusa de se ilícita e inexplicable. A lo que el candidato respondió que la empresa de la que es dueño nunca hizo inversión con recursos propios por dicha cantidad de dinero.

Explicó que se hizo un pago inicial de $3 millones 160 mil 86 pesos con 21 centavos, por la compra del terreno, quedando a deber así el resto del predio ocho millones 533 mil 101 pesos con 46 centavos a pagar en 17 mensualidades. Por lo que el monto ascendió a 12 millones 142 mil 862 pesos con 90 centavos.

Su empresa cubrió 11 mensualidades y el saldo final lo pagó con el producto de la venta de la nave industrial.

Por otra parte, en la construcción su gasto ascendió a 18 millones 295 mil 680 pesos con 40 centavos incluyendo gastos indirectos. Y al sumar el pago inicial a cuenta del precio del terreno, las mensualidades cubiertas por la compradora, el saldo del terreno y la construcción de la nave fue de 33 millones 598 mil 630 pesos con 10 centavos.

Por lo que, la venta del predio se dio en 53 millones de pesos 786 mil 131 pesos con 52 centavos, incluyendo el IVA, dándole así una ganancia de 20 millones 187 mil 501 pesos y 50 centavos, con IVA incluido. Ello restándole el ISR de 5 millones 824 mil 183 pesos más los pagos correspondientes del IVA.

Y para explicar de donde obtuvo su empresa la suma de los 33 millones 598 mil 630 pesos con 10 centavos dijo que pidió cuatro créditos y sumó los ingresos de su esposa, suegro, la empresa y utilidades de años anteriores.

Ingresos

$7,430,000.00 de Carolina Martínez y Ricardo Anaya.
$2,500,000.00 de Donino Martínez, suegro del candidato.
$3,910,000.00 de CINTLA SA de CV (empresa de su propiedad) a capital.
$1,590,000.00 de CINTLA SA de CV a préstamo.
$2,000,000.00 de utilidades de años anteriores.

Créditos

$5,570,000.00 (con tasa CAT 21.5% más IVA) de BANAMEX.
$8,241,256.25 saldo del precio del terreno.
$2,377,873.08 del constructor.

Al final del texto dijo que las operaciones que involucran naves industriales se realizan en dólares, generalmente. Por lo que durante los dos años que duró la construcción de la nave industrial la volatilidad del dólar arrojó que la “utilidad del negocio fuera a razón aproximadamente del 5 por ciento anual, una tasa completamente razonable dentro del mercado.”

Asimismo dijo que las autoridades pueden indagar “cuando quieran” dicha información y que cualquier “pequeño error” posible sobre alguno de los hechos o montos señalados, los rectificará de manera inmediata.

“Los mexicanos pueden estar seguros de que no cometí ningún delito y deben saber que mi expediente está limpio y que mi conciencia está tranquila”.

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