Comerciantes piden apoyo a la CIDH

Por: Alejandra Cueto

El municipio de Querétaro busca alargar el proceso en el caso de la reinstalación de los comerciantes en la Alameda Hidalgo, consideró el abogado defensor de este grupo, César Tarello.

Añadió que esta semana solicitará medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para proteger su integridad, ante lo que aseguró, son amenazas públicas del gobernador del estado.

Agregó que de ser necesario realizará todas las acciones jurídicas para protegerse, y con respecto a las declaraciones del mandatario estatal, Francisco Domínguez, del viernes pasado, en las que decía que “desde ahorita la advertencia, no van a regresar, de ninguna forma, si no me voy a tener que meter con toda la fuerza jurídica que tiene el estado, no van a regresar a la Alameda Hidalgo”.

El defensor agregó que es imposible un nuevo amparo, tal y como lo han comentado las autoridades, “el artículo 67 de la Ley de Amparo prevé que no puede haber un amparo contra una sentencia de amparo, ni por parte del municipio de Querétaro, ni por el gobernador, ni por alguien inconforme”.

Tarello reiteró que lo único que queda al municipio de Querétaro es llegar a un acuerdo, o bien, interponer un incidente de cumplimiento sustituto, lo cual retrasaría el caso y “aunque lo inicien no van a tener la razón, tendrían que proponer estrategias de reubicación (…) es hora en que no les han dado a comerciantes ni escrituras, ni contratos, ni ubicaciones de los supuestos lugares”.

Por lo que consideró como una treta o una artimaña, el hecho de que mencionen que existan 20 opciones.

Explicó que será esta misma semana que tengan información respecto a lo que procede en el caso de los vendedores de la Alameda.

En cuanto a sentirse amenazado, tanto él, como los comerciantes, destacó que la fuerza del estado se tiene que usar para hacer cumplir la ley no para incumplirla.

“El día de mañana te voy a inventar un delito, y te sujeto a un proceso penal, como ocurrió con otros abogados, que los acusan de delitos de motín en grado agravado, con testimonios de 20 policías declarando lo que su jefe les dice