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Compra de voto. Foto: Especial
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Coyotes electorales pagan voto desde 500 hasta 5 mil

ONG documenta 270 denuncias por este delito; Fepade investiga 12
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Vianey Pichardo
Hace 3 meses | Facebook Twitter Whatsapp

Es una dinámica generalizada. “(La compra) se junta con el sentimiento de la gente que señala que en época electoral hay que sacar lo que se pueda a los partidos políticos, porque después ‘se olvidan de uno’, y se genera un trato, se entregan cosas, se vende el voto, el pacto se cierra para abrirse de nuevo en la siguiente elección”, refiere Alberto Serdán, coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

Su organización se ha dedicado a colectar denuncias de coacción de votos, donde hasta el 8 de junio ha recibido 270 reportes en 26 de los 32 estados de la República; sin embargo, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) apenas abrió 12 carpetas de investigación por las supuestas violaciones al artículo 7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

De enero a abril, la mayoría de las denuncias en la Fepade han sido por apoderamiento de credenciales de elector para compra de votos.

¿Cómo y de a cómo?

Los testimonios anónimos de democraciasinpobreza.mx que con pruebas en video o imagen demuestran la caza de votantes, indican que las despensas son el anzuelo más común, seguidas del condicionamiento de programas sociales y la entrega de dinero, y ya con más descaro, afirma Serdán, está el reparto de tarjetas electrónicas o monederos con promesa de depósitos posteriores.

“El abanico se abre cuando está en juego la renovación del Gobierno de la CDMX y se estrenan alcaldías; ahí se ha encontrado que se presiona a través de servicios públicos, pipas de agua potable, poda de árboles, alarmas vecinales, y hasta tablets que parece ser provienen de los fondos de reconstrucción, de los nuevos bienes que se intercambian”, resume Alberto Serdán.

Comprar la democracia cuesta 500 pesos a nivel nacional; como en los grandes negocios, las cotizaciones están segmentadas, y en Morelos se consigue por 150 pesos, mientras que en Edomex vale hasta 5 mil, de acuerdo con el cruce de datos de Cohesión Social.

Donde más se desembolsa es en Ciudad de México, con un estimado de 2 mil 500 pesos; Oaxaca, con 3 mil, y Aguascalientes, con 2 mil, un aporte significativo si se toma en cuenta que la canasta alimentaria rural se ubica en mil 54 pesos al mes.

Podrán existir presupuestos con doble base cero, pero la bolsa de este financiamiento millonario no tiene fondo, quienes tienen de su lado los presupuestos de programas sociales serán los de las grandes ofertas. “Es un dinero oscuro que proviene de muchas fuentes, una principal es el dinero público, a partir de los programas sociales, de más partidas de gasto”, acota Serdán.

La piedra angular de estos montos es Prospera, llamado Oportunidades en los sexenios panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón. De acuerdo con el Presupuesto Federal de la Nación y los récords que registra el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en el año 2000 el presupuesto que se le asignó fue de 13 mil 700 millones de pesos (mdp), seis años más tarde contó con 32 mil 900 mdp, y ya para 2012 creció a 66 mil millones, este año el tope fue de 82 mil millones de pesos.

Paradójicamente, perpetuar y acrecentar estas partidas en nada ha resuelto las estadísticas de pobreza del país: según el Coneval la mitad de los mexicanos vive con este estatus.

Jaque mate

La eficacia de la compra del voto tiene un alfil; el promotor local, la figura detrás de los operativos masivos, la mano negra entre el ciudadano y la boleta coartada.

Es una persona que el elector conoce, sabe dónde viven las personas, ellas saben quién es y a qué partido pertenece, la política de compra del voto pasa por los promotores, personajes muy deseados, acota Alberto Serdán.

En una elección tan polarizada como ésta podrían marcar el jaque mate, ya que hasta el 1 de julio se verá de qué lado juegan, si conservan la lealtad al partido que sirven, o si “al verse perdidos mejor se desmovilizan para generar un acuerdo local con los nuevos factores de poder”, describe el experto.

La experiencia marca que para fomentar el ciclo, estos “coyotes del voto” siempre permanecerán con quien les asegure más presupuesto.

Juana Acosta dirige Alianza Ciudadana, una de las organizaciones del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral 2018, administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, desde la elección presidencial pasada participa en la observación electoral de prácticas de coacción de voto y organiza brigadas que detectan cómo se ejecuta este delito.

En 2012 Alianza encontró que en 26 por ciento de casillas observadas no se respetó la secrecía del voto, y casi tres de cada 10 ciudadanos que acudieron a votar en ellas, dijeron que les compraron el voto o conocieron a alguien al que se lo ofrecieron.

De los casos de cooptación, 71 por ciento vino de la alianza PRIPVEM, seguida por PAN-PRD-Panal.

“La principal irregularidad fue la utilización de niños acompañando a votar a diferentes ciudadanos, sobre todo en Edomex, Chihuahua, Sinaloa y Jalisco. Palomeaban a los votantes en listas diferentes a las nominales, o las dádivas en las llamadas ‘casas amigas’ (lugares donde se premian fotos de boletas marcadas)”, afirma Acosta.

Hay tan poco dinero para la observación electoral –dice Acosta–, que de 21 estados que monitoreó en las elecciones presidenciales pasadas, ahora no le alcanza ni para cubrir las nueve entidades que cambian gubernatura, así que Alianza lo hará sólo en cinco, donde el canje de la democracia se da al por mayor; Estado de México, Puebla, Veracruz, Morelos y Chiapas.

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