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Miércoles 20 de Marzo 2019

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Demandados ante Fiscalía, exfuncionarios implicados en daños al erario

Las irregularidades fueron generadas en 2012. Foto: Especial Foto Capital Media
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10 de Octubre 2016
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Las autoridades iniciaron una auditoría abierta, que ya ha presentado resultados

El daño al erario de la administración local asciende a 100 millones de pesos, de los cuales, cinco corresponden a los recursos manejados por el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF), durante el periodo 2009- 2012, destacó el presidente municipal, Guillermo Vega Guerrero.

Precisó que las observaciones generadas por la Entidad Superior de Fiscalización del Estado por compras y contrataciones no justificadas por los titulares del SMDIF, fueron generadas en el 2012 y reconocidas en su momento por el ex director de dicho organismo, Jorge Ontiveros, sin embargo, no se le dio el seguimiento adecuado, por lo que podrían prescribir estos asuntos.

Con el objetivo de prevenir impunidad por los malos manejos que presumiblemente se tuvieron en dicho lapso, las autoridades iniciaron una auditoría abierta, que ya ha presentado resultados y que incluso se prevé, genere las bases para asentar diversas demandas penales ante la Fiscalía General del Estado, contra los exfuncionarios que resulten responsables por estos actos.

“Nosotros tenemos abiertas investigaciones, fundamentalmente contra el DIF en la administración de Gustavo Nieto, y contra Tesorería, JAPAM, Obras Públicas y la Oficialía Mayor, cuando Fabián Pineda fue presidente”, señaló Vega Guerrero.

En este sentido, el alcalde destacó que se matienen vigentes al menos dos denuncias contra exservidores públicos por posibles delitos relacionados con el ejercicio indebido de la función pública.

“Hemos sido demasiado cautos para no revelar nombres y evitar darles una salida legal a través de amparos, pero podría asegurar que son varios los exfuncionarios que deben seguir atentos, porque hay muchos procedimientos abiertos”, mencionó.

Añadió que son varios las investigaciones y auditorías que se mantienen vigentes y, por lo tanto, podrían iniciar más procesos de sanciones, o incluso demandas penales, para sanear las cuentas públicas y generar transparencia en el manejo de los recursos.

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