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Viernes 18 de Enero 2019

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Denuncias penales contra operadores

Especial Foto Capital Media
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18 de Octubre 2017
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Si reinciden en inconsistencias podrían ir a la cárcel

Los choferes de Uber que reincidan en sanciones y apercibimientos por ofrecer el servicio de taxi ejecutivo de manera ilegal en Querétaro, podrían ir a la prisión.

El secretario de Gobierno Estatal, Juan Martín Granados Torres, advirtió que la autoridad estatal podría presentar denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado contra los operadores de Uber que desobedezcan reiteradamente las normas, es decir, que reincidan en sanciones administrativas.

Lo anterior se dijo luego de que el lunes el Instituto Queretano del Transporte (IQT), entregó 300 permisos que se distribuyeron entre las 20 aplicaciones móviles que obtuvieron su registro para ofrecer de manera regular el servicio de taxi ejecutivo en Querétaro, entre las cuales no se encuentra Uber.

“Al particular potencialmente se le podría hacer un proceso judicial con sanción privativa de la libertad, pero insisto, las primeras sanciones son de tipo administrativo, si hay una reincidencia se puede llegar a ese tema (…) en el supuesto de que la autoridad haya impuesto sanciones, advertido y haya ejecutado medidas de apremio para cumplir y se reincida, entonces llegaríamos al campo del derecho penal”, alertó.

Granados Torres explicó que al detectar en funcionamiento a una unidad de Uber, primero el operador sería sancionado por la vía administrativa, pero advirtió que al existir una desobediencia reiterada a las normas, podría haber un proceso judicial en su contra.

“Esta empresa y cualquier otra que no esté autorizada, si realiza la transportación de personas está realizando una actividad ilícita, irregular en el estado, y por lo tanto, serán sancionados (…) y la desobediencia reiterada a las normas y a las autoridades administrativas implica la comisión posible de delitos”, enfatizó.

Del mismo modo, el secretario de gobierno, aclaró que los choferes de Uber están en todo su derecho de ampararse.

Lo anterior trascendió luego de que se anunció que buscarían esa medida contra las sanciones que se aplican en el estado, respecto a llevar las unidades al corralón y a la multa que será por más de 60 mil pesos para sacarlas.

“El derecho a impugnar por parte de los particulares, por parte de las empresas, los ejercicios de autoridad en el estado es incuestionable, están en todo su derecho y ya será materia de procedimiento administrativo, jurisdiccional correspondiente, donde la autoridad tendrá que exponer sus razones y los órganos jurisdiccionales, administrativos o judiciales, tendrán que tomar las decisiones correspondientes”, abundó el funcionario.

Respecto al servicio de repartición de comida que ofrece esta empresa , el titular de la Secretaría de Gobierno Estatal, señaló que esa actividad estaría regulada por el municipio y las autoridades sanitarias.

“Si es distribución de productos o alimentos eso corresponderá a otro tipo de regulación, pero no es propiamente el de transporte de personal”, finalizó.

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