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Martes 19 de Febrero 2019

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Exsecretarios demandaron por despido injustificado

Especial Foto Capital Media
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30 de Mayo 2017
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El exsecretario de Finanzas, exoficial mayor y exsecretario de Servicios Públicos presentaron demandas

Al menos cinco ex funcionarios de primer nivel mantienen demandas contra el Municipio por despidos injustificados, entre los cuales destaca la excontralora, Noemí Escamilla Chávez, quien pidió más de un millón de pesos para finiquito, afirmó el presidente municipal, Guillermo Vega Guerrero.

Indicó que a casi dos años de que dejó la función pública, quien encabezó la Contraloría Municipal durante el periodo 2012-2015 presentó una demanda laboral para exigir esta suma por su supuesto despido injustificado, para lo cual le habría sido entregada una notificación de despido por parte de la administración anterior.

Por este motivo, el Alcalde resaltó que en el gobierno municipal encabezado por Fabián Pineda Morales se habrían valido de estas argucias para permitir que los Secretarios y Directores pudieran buscar el pago de finiquitos a través de la presentación de estas demandas.

“Fingieron despidos injustificados; ya no están en el Gobierno y siguen robando y sangrando al gobierno. Es increíble desfachatez y la falta de amor por San Juan del Río.

No nos va a detener de seguir trabajando, pero la gente debe darse cuenta de las bajezas del gobierno anterior”, comentó al respecto el presidente municipal.

De igual manera, señaló que el exsecretario de Finanzas, Carlos Rivas Gutiérrez; el exoficial mayor, Carlos Olguín González; el exsecretario de Servicios Públicos Municipales, Manuel Álvarez Camacho, presentaron también demandas en este sentido. En suma estos asuntos laborales podrían requerir el pago de hasta 10 millones de pesos, en caso de obtener sentencias a su favor.

De igual manera indicó que hubo otros funcionarios que no recibieron el finiquito correspondiente y que no recibieron el respaldo de su antecesor, como el exsecretario del Ayuntamiento, Omar Ríos Mora.

En este sentido, afirmó que una vez que se ponga en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción será más sencillo lograr la aplicación de sanciones para aquellos servidores públicos que incurran en este tipo de acciones y hagan mal uso de los recursos.

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