Piden comerciantes volver a la Alameda

Por: Alejandra Cueto

Pablo González Loyola, líder de la Unidad Cívica Carrillo Puerto, anunció que los comerciantes agremiados presentaron una promoción argumentando que la sentencia que dictó un juez federal para que sean reinstalados en la Alameda fue incumplida.

“Insistiríamos a la jueza cuarta de Amparo y Juicios Federales, que tome el acuerdo y dé procedencia al requerimiento a los superiores jerárquicos, ya pedimos que se requiera al secretario de gobierno municipal y al presidente municipal”.

Aseguró que no existen avances en cuanto a las propuestas de reubicación de los comerciantes, que sólo han sostenido dos reuniones con el secretario de Gobierno en el estado, Juan Martín Granados y antes del 20 de julio debe proceder la ejecución de la sentencia.

Recordó que las autoridades capitalinas solicitaron 30 días de ampliación, los  cuales corrieron a partir del 7 de junio y como son días hábiles, determinó que alrededor del 20 de julio tendría que proceder la ejecución coactiva.

Explicó que en las dos ocasiones que hablaron con Granados Torres la propuesta es la misma que la del líder del gremio, es decir, “construir un mercado, un proyecto comercial, el predio que se nos ofrecía son debajo de torres de alta tensión”, en Paseo de la Constitución esquina con avenida Sombrerete.

González Loyola señaló que las autoridades del municipio de Querétaro, incluso emitieron un documento en el que establecían que sujetaban la reinstalación de los comerciantes a lo que dijera la delegación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, lo cual consideran sería un incumplimiento a la resolución del juez federal, y que deberían aplicar sanciones.

“Ya debe aplicar una multa al director de inspección (…) hemos mostrado la mayor disposición, y la seguimos mostrando porque somos gente que está de buena fe, somos gente que hemos dado una lucha pacífica, legalmente se ha comprobado que fue inconstitucional, fue violatoria, y si hay instituciones es para que se respeten”.

Agregó que presentaron quejas ante la Defensoría de los Derechos Humanos, pero que ni la actual titular ni el anterior realizaron labores de investigación, por lo que señalaron la complicidad de la dependencia.