Indispensable crear una agenda regional de derechos humanos

A pesar de que cada país de Centroamérica y el Caribe enfrenta su propia problemática en materia de derechos humanos, es indispensable integrar una agenda legislativa común para articular esfuerzos en temas como la migración.

Así lo consideró el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, quien insistió en la necesidad de mantener vigentes las garantías individuales para quienes viven en la región, con base a la dignidad humana.

Al participar en la Comisión Interparlamentaria de Derechos Humanos del Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe (FOPREL), calificó a este encuentro como la “ventana de oportunidad” para implementar acciones conjuntas.

Recordó que apenas esta semana se llevó a cabo en Tabasco un foro con la participación de instituciones de derechos humanos de la región, un encuentro para articular esfuerzos en temas comunes como la migración y desplazamiento forzado interno.

Señaló que lo que cada país puede hacer en su ámbito interno para enfrentar y atender estos problemas se potencializa si se suman y coordinan recursos y capacidades con las demás naciones.

De ahí que, anotó, en el ámbito legislativo sería deseable la armonización normativa en todos los países para generar un piso común que permitiera tratar bajo bases semejantes la violencia y discriminación contra las mujeres.

También, prevenir y sancionar la trata de personas; proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes a través de mecanismos de coordinación para que las fronteras no impidan investigaciones objetivas y conforme a derecho de los delitos, abundó.

González Pérez enfatizó la gravedad del problema de los menores migrantes no acompañados, tema sobre el cual se desconoce la dimensión real, pero se trata de miles de menores que viajan con la mayor vulnerabilidad y son víctimas frecuentes de abusos, discriminación, violencia y agresiones.

Comentó que sólo entre 2014 y 2015, el número de “detenidos” pasó de 10 mil 943 a 20 mil 368, mientras que en 2016 fueron casi 17 mil 300 y para 2017 la cifra puede ser mucho mayor al no existir registros adecuados.

Las autoridades mexicanas han emprendido acciones legislativas y administrativas para su atención pero tienen alcances limitados, de ahí la necesidad de que este tema se visibilice y se adopten medidas no sólo en México sino a nivel regional para su atención, agregó el ombudsman.