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Personas con discapacidad tienen derechos parciales

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02 de Diciembre 2016
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El programa nacional para la inclusión de este sector del Gobierno Federal cumple con 140 objetivos reconocidos por la ONU

Cerca de 6.7 millones de mexicanos sufren alguna discapacidad, en su mayoría personas de la tercera edad, según el último censo de población del Instituto Nacional de Estadística Geografía (Inegi).

En tanto y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2012, en México hay 31.5 millones de hogares, de los cuales 6.1 millones reportan que existe al menos una persona con discapacidad; es decir, en 19 de cada 100 hogares hay una persona que presenta alguna dificultad.

Mañana se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y en ese marco, la senadora por el PRI, Yolanda de la Torre, quien desde los 15 años se vio impedida de caminar y es una abierta promotora de los derechos de esta minoría, consideró que el Programa Nacional para la Inclusión de Personas con Discapacidad, instrumentado por el Gobierno Federal en 2014, no tiene precedente, ya que es el primero en convertirse en ley y cumple con 140 objetivos recomendados por la ONU.

La legisladora aseguró que se ha avanzado en materia de políticas públicas, pero consideró que en materia de concientización social “hay mucho por hacer”.

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“Según encuestas, más de 65 por ciento de las personas no les gustaría vivir con una persona con discapacidad. Quizá porque no saben qué hacer, porque hay una concepción errónea de la discapacidad, pero sólo es una condición de las personas que se pueden incorporar al desarrollo”, expresó.

Desde la función pública parece haber una visión más positiva sobre la inclusión de personas en esta condición. Eso explica la titular de la Comisión para Prevenir y Erradicar la Discriminación en la Ciudad de México (Copred), Jaqueline L’ Hoist Tapia, ya que considera que por lo menos en la capital se ha entendido muy bien el término “inclusión”, el cual garantiza el acceso de este sector poblacional a cualquier tipo de derechos, incluyendo el de la movilidad.

“La ciudad se preocupa cada vez más por el derecho a la movilidad de las personas con discapacidad, hemos visto la construcción de más rampas, de un transporte que ha procurado ser más incluyente”, detalló.

Principal reto

La búsqueda de empleo por parte de personas con discapacidad trasciende el grave problema de la falta de oportunidades de trabajo. Para muchos de ellos se convierte en una discapacidad más: la de no poder acceder a un ingreso propio que absorba los gastos derivados de su condición, además de procurarse una mejor calidad de vida.

Según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2010, las personas con discapacidad señalan entre sus mayores problemas el desempleo, la discriminación, las dificultades para ser autosuficiente y el acceso a apoyos gubernamentales.

Sólo 19.1 por ciento de este sector afirma que sus ingresos por salarios son suficientes para cubrir sus necesidades. Para 78 por ciento de esta población resulta difícil o muy difícil recibir apoyos del gobierno; y sólo para 33 por ciento los servicios de salud son suficientes porque le brindan la atención que necesita.

A pesar de los múltiples programas para estas personas, emprendidos desde las esferas gubernamentales, además de un sórdido discurso contra la discriminación, la realidad laboral que vive a diario este sector es lacerante.

L Hoist Tapia, de Copred, reconoció que persiste el reto de otorgar más empleos para quienes son estigmatizados laboralmente por su condición.

“Va mal (el empleo para los discapacitados), no solamente es un tema de que se les contrate o no, sino que la fuente empleadora no cuenta con los herramientas necesarias para poder contratar a una persona con discapacidad motriz o intelectual”, justificó.

En ese sentido, la senadora Yolanda de la Torre subraya que ocho de cada 10 personas con discapacidad aseguran que los lugares donde más se discrimina a una persona es el acceso al trabajo.

A pesar de que la discriminación contra cualquier persona constituye un delito tipificado en el Código Penal, la realidad es que el menosprecio hacia este sector está lejos de erradicarse.

En muy pocas ocasiones se juzga y se castiga a quien comete un atropello de esta índole, sin mencionar a quienes ocupan los espacios públicos exclusivos para los discapacitados.

Por su lado, especialistas han señalado reiteradamente que la sobreprotección a este sector produce una marginación social, ya que son considerados inferiores y se ven estigmatizados para desarrollar cualquier tarea.

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