Abogados queretanos visitan al presidente de la CNDH

En visita realizada el pasado 22 de marzo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por el licenciado Mario Aguayo Aréchiga, presidente Nacional de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México AC (CONCAAM); el licenciado Rogelio Estrada García, delegado en el estado de Querétaro de la CONCAAM; la maestra Verónica Esperanza Garias Vargas, presidenta de la Asociación Queretana de Abogados (AQA); la licenciada Rocío Uribe, secretaria general de la AQA; el maestro Enrique Rivera, consejero de la AQA, y un servidor Rogelio Estrada Pachecho, presidente de la Academia Nacional de los Derechos Humanos de la CONCAAM, que fueron atendidos por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, doctor Luis Raúl Pérez González, coincidieron en que el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación violenta el estado de derecho al declarar válida la revisión de personas y vehículos por parte de policías sin previa autorización judicial.

La Comisión de Derechos Humanos declara que esta facultad transgrede los derechos a la libertad personal y de tránsito, seguridad jurídica, privacidad, vida privada, integridad personal y de no injerencias arbitrarias.

Además de advertir que la Suprema Corte de Justicia se está excediendo en criterios que van en contra del derecho, está invadiendo el poder que le corresponde al Poder Legislativo al generar criterios que van en contra de la norma y que incluso llegan a derogarla, limitando así la seguridad jurídica a las personas por la subjetividad que a la fecha existe para que las autoridades detengan inspeccionen a personas.

Los líderes de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México AC (CONCAAM) y la Asociación Queretana de Abogados (AQA), preocupados por las detenciones arbitrarias que han sido unas de las principales causas de inconformidad ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en los últimos años, se pronuncian en contra del fallo de la SCJN que faculta a los elementos policiales para la inspección de personas y vehículos sin orden judicial, representa un retroceso al estado de derecho, viola el principio de legalidad, da paso a la arbitrariedad, limita y restringe derechos humanos e invalida la presunción de inocencia. Por lo que respaldan en todo momento la
manifestación de inconformidad que realizó el ombudsman nacional, ante la SCJN.