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La abogacía en México

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Hace 10 meses
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Por Miguel Nava Alvarado

La población del país necesita cada día con más frecuencia lo que comúnmente denominamos un “licenciado”, debido a las desafortunadas circunstancias de inseguridad, corrupción, impunidad e injusticia por citar algunas en las que sobrevivimos, lo cual implica un inminente deterioro y casi colapso del estado de derecho.

Al referirme a la población, incluyo a niños, jóvenes y adultos que sin un abogado que les lleve cualquier tipo de asunto, serían sujetos de más delitos, abusos de autoridades administrativas, legislativas, judiciales y hasta de aquellas que se crean para proteger derechos humanos y que terminan por violarlos ellas mismas.

Las personas que cursamos la licenciatura en derecho en universidades públicas o privadas, sabemos que para obtener el título, solamente se requiere “inscribirse y no morirse” para la incorporación del nuevo profesionista con precaria formación académica a la amplia oferta laboral.

Después de haber sido varios años docente en licenciatura y maestría en derecho, advierto con desánimo que la mayoría de mis exalumnos y alumnos leen con dificultad e hilaridad una cuartilla de cualquier libro, revista u actuación, pero la comprensión y redacción de la misma es mínima o nula.

La mala reputación que tenemos los licenciados en derecho ha sido ganada con justicia ante los constantes engaños por incompetencia, desinterés o negociación entre partes antagónicas y en perjuicio de los ingenuos clientes que depositan su confianza y patrimonio en manos de quien mayormente no les solucionará sus problemas y sí les cobrará.

A lo anterior debemos sumar que los servidores públicos en los tres órdenes de gobierno, los tres poderes, así como órganos públicos autónomos, están integrados por los graduados mencionados y obviamente su actuación como funcionarios es deficiente y reprochable.

Es lamentable que en toda actividad, institución o negocio, los mexicanos padezcamos de un pésimo servicio o atención y, la única alternativa que tenemos para no aplicar el principio jurídico conocido como ley del talión “ojo por ojo y diente por diente”, sea resignarnos o demandar contratando un abogado con las características aludidas para terminar en peores condiciones que con las que empezamos.

La única alternativa que tenemos como sociedad para mejorar la convivencia, respeto y solidaridad entre semejantes es que las autoridades competentes rediseñen el deficiente sistema educativo nacional, comenzando desde los niveles básicos de preescolar y primaria para que la niñez que hoy no está contaminada ni viciada se desarrolle con principios, valores y conocimientos acordes a las necesidades de México.

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