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Lunes 20 de Mayo 2019

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Prioridades de seguridad: Estado, política, victimarios y víctimas

Carlos Ramírez Foto Capital Media
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16 de Agosto 2018
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Los tres foros de seguridad del gobierno electo de López Obrador iban a ser el punto clave de las definiciones de la próxima administración: la respuesta al problema número uno que decidió la elección presidencial. Pero el desorden, la falta de acuerdos y el rencor vivo de las víctimas mostró que el lopezobradorismo carece de una política de seguridad interior.

Asimismo, las protestas, las versiones diferentes de los responsables y los protagonismos dieron los primeros indicios del error estratégico que se va a cometer al dividir la política de seguridad entre Gobernación y la propuesta Secretaría de Seguridad Pública, cuyos titulares no se entienden entre sí.

López Obrador estaría aplicando el fallido modelo de Jorge Carpizo McGregor en el salinismo: desarticular funciones que tienen en la política el mismo venero.

Los gobiernos de De la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox y Calderón abandonaron el enfoque de Estado en materia de seguridad, descuidaron los cuerpos de inteligencia, seguridad nacional y seguridad interior, buscaron pactos con los cárteles y fueron timoratos en usar la fuerza institucional del Estado para imponer una política de autoridad federal en seguridad.

El gobierno de Peña Nieto acertó al unir política y seguridad en Gobernación –seguridad interior–, pero falló al permitir que la confabulación estatal y municipal impidiera la reordenación de la estrategia de seguridad: gobernadores y alcaldes eran cómplices políticos del Ejecutivo Federal y por eso el crimen organizado penetró las estructuras de gobiernos estatales y municipales.

La falta de un diagnóstico de la crisis de seguridad con enfoques estratégicos de seguridad interior ha llevado al equipo de López Obrador a comenzar con la última etapa y a politizar el problema: las víctimas y foros abiertos. La idea era que las víctimas se subordinaran al presidente electo, le dieran en público el voto de confianza, perdonaran a los asesinos y legitimaran la nueva estrategia definida por el padre Solalinde: el modelo Hermano Zeta.

Los foros en Ciudad Juárez y Morelia, el drama conmovedor de las víctimas, la burocratización de funcionarios salientes y entrantes, y una política sin diagnóstico ni estrategia reventaron la propuesta de seguridad de López Obrador.

Si el presidente electo y las dos cabezas del sector –la política y la de seguridad– entendieron el mensaje de los agraviados, entonces lo sensato sería suspender los foros y replantear la propuesta.

La crisis de seguridad tiene un ritmo jerárquico: primero reconstruir la autoridad del Estado, después asumir la inseguridad como un problema político, enseguida redefinir el mapa de los cárteles, jefes, soldados y zonas territoriales en disputa y, finalmente, atender a las víctimas en la dimensión de su dolor y no sólo pedirles que al sufrimiento de perder familiares ahora tengan que perdonar a los asesinos sin recibir algo a cambio.

Los casi 250 mil asesinados en el periodo 2008-2018 cayeron por una auténtica lucha criminal por el poder, los territorios y la autoridad de las bandas criminales contra el Estado nacional. Y los jefes, comandos y bases criminales no escogieron el delito por falta de educación o pobreza o pecados, sino que se constituyeron en organizaciones delictivas para constituir un poder de dominación autónomo y superior al del Estado.

El modelo Hermano Zeta de Olga Sánchez Cordero y Alfonso Durazo fue producto de un análisis social equivocado de un asunto de poder. La clave de la inseguridad no está en las víctimas, sino en el Estado.

Política para dummies: La política es la sensibilidad para saber qué quiere la gente, no qué se le va a imponer

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