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  • Momento histórico para el estado de derecho


  • Aprobación del paquete de reformas en el seno de la quincuagésima octava Legislatura Local
  • Por Andrea Martínez Hace 12 meses
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  • Crédito: 5 A2_AO
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  • El Secretario de Gobierno Estatal, Juan Martín Granados Torres, recalcó que la aprobación del paquete de reformas en el seno de la quincuagésima octava Legislatura Local y presentado por el Poder Ejecutivo para la implementación del nuevo sistema de justicia penal, representa un momento histórico para el estado de derecho de Querétaro. 

    “Toda vez que este paquete de leyes nuevas, en primer lugar guardan una absoluta identidad con la Constitución Federal, en términos de lo que es el sistema de seguridad y de justicia, que desde el año 2008 se ordenó por la reforma constitucional y que de una u otra manera no se había acatado de una forma exacta y completa en el estado”, agregó.

    Señaló que la Ley de Seguridad implica que este rubro en el estado es un derecho de los ciudadanos; mientras que la Ley del Poder Judicial, explicó que representa una alineación con el modelo del Poder Judicial Federal, que garantiza la transparencia en la administración de los recursos y en la selección de los jueces y personal de apoyo, es decir, no estarán supeditados a algún tutelaje o “padrinazgo institucional”.

    Asimismo, Granados Torres indicó que la Ley de Defensoría Pública garantizará una defensa con calidad, profesional, técnica y adecuada, tal y como manda la Constitución, para las personas acusadas en un procedimiento penal. Incluso, permitirá que haya mecanismos para que las universidades y los colegios de profesionistas dedicados a la defensa pública penal se certifiquen y se capaciten permanentemente.

    De igual forma, sostuvo que la Ley de la Fiscalía atiende el mandato constitucional que ordena la autonomía del Ministerio Público (MP); “de tal manera que la procuración de justicia no sea un asunto selectivo o del uso equivocado del poder”.

    El funcionario estatal recordó que el proyecto Cosmos tiene una preparación de 20 defensores, 50 fiscales, 45 personas destinadas para aplicar el modelo de medios alternativos de solución de conflictos, 12 abogados defensores de las víctimas y 50 personas que evaluarán la necesidad de las medidas cautelares.

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