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Armonizarán ley federal

21 de Septiembre 2016
Plantea la necesidad de dotar de nuevas facultades a la ESFE

El PRI busca empoderar el combate a la corrupción, así lo señaló el coordinador de la bancada del PRI en el Congreso de Querétaro, Mauricio Ortiz, quien en conjunto con la diputada María Antonieta Puebla, anunció la presentación de una iniciativa, para construir un sistema estatal anticorrupción con sanciones severas.

“El planteamiento es que la Fiscalía goce de cierto grado de dependencia pero que orgánicamente dependa de la Fiscalía General del Estado, estas reformas van a implicar la creación de un tribunal que tendrá un costo, pero tenemos que verlo como una obligación, la necesidad de construir el sistema estatal anticorrupción no es una opción para el Congreso del Estado, es una obligación”, destacó el legislador.

Los tricolores enfatizaron que el sistema estatal anticorrupción estaría integrado por un comité coordinador, un comité de participación ciudadana y un comité rector de fiscalización, para generar una colaboración con todos los presidentes de los órganos de control interno de diversos entes públicos.

Dijeron que la propuesta pretende incorporar a los ciudadanos en un eficaz mecanismo de supervisión y control, así como crear una plataforma digital que contendrá la evolución patrimonial, la declaración de intereses y la constancia de la declaración fiscal de todos los servidores que intervengan en contrataciones públicas, procesos licitatorios y manejo de recursos.

El diputado Ortiz Proal, refirió que su partido plantea la posibilidad de construir un sistema de denuncias públicas, para perseguir con mayor eficacia los presuntos hechos de corrupción y con la finalidad de fortalecer los trabajos de revisión.

“Se pretende crear la Fiscalía especializada en el combate a la corrupción, la cual estará circunscrita a la Fiscalía General del estado, aunque contará con autonomía técnica y operativa, para investigar y perseguir los presuntos hechos de corrupción”.

Comentó que este sistema plantea la necesidad de dotar de nuevas facultades a la Entidad Superior de Fiscalización del Estado, así como crear un sistema de responsabilidades administrativas.

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