Capital Querétaro

Por falta de ley, servidores públicos podrían impugnar procedimientos

El titular de la Contraloría municipal, Oscar García González, admitió que hasta 60 expedientes de responsabilidades en contra de servidores públicos pueden ser impugnados, argumentando una falta de validez de la Ley de Responsabilidades para los Servidores Públicos del Estado de Queretaro.

Sin embargo, por el momento la Contraloría no ha recibido ningún amparo que reclame la invalidez de dicha ley, señaló García González, al tiempo en que aseveró que seguirá sancionando con esta legislación que data del año 2009, pues habrá casos en los que el amparo pueda ser otorgado otros en los que no por cuestiones técnicas procesales.

“Ya será cosa de que mis 60 investigados me presenten su respectivo amparo (…) Tendremos que ser muy cautos en nuestro sistema de sanción, efectivamente puede ser un riesgo, sí, sin embargo, estamos muy certeros de que nuestro trabajo está apegado a la ley”, aseguró.

Y es que el contralor precisó que la invalidez de la Ley de Responsabilidades es un criterio aislado de un Juez de Distrito que solo aplica a a quien promovió un amparo argumentando la falta de un a firma en la publicación de la legislación en la Sombra de Arteaga, pero no funciona de forma automática para todos aquellos que se encuentren en un proceso.

En este sentido, consideró que muy seguramente el ente público que no haya sido beneficiado con ese amparo impugnará la resolución del Juez, siendo que todavía falta que esta sentencia sea confirmada por un Tribunal Colegiado de Circuito y que se generan cinco casos repetidos para que formule jurisprudencia y declarar inconstitucional la Ley.

“De toda esta serie de pasos para que se declare inconstitucional una ley apenas es el primer paso (…) mientras un juez no me declare inconstitucional la ley será exclusivamente para un servidor público”, apuntó.

García González manifestó que mientras tanto la Contraloría municipal no dejará “sueltos” sus expedientes, ya que esto sería prácticamente dejar libres a todos los servidores públicos involucrados en ellos.