Reportan tres casos de violencia política de género en Querétaro

A nivel nacional, 28 entidades han incorporado la modalidad de violencia política contra las mujeres en algún ordenamiento; en el caso de Querétaro el término está incorporado solo en la Ley Electoral y previo a las elecciones el primero de julio, tres mujeres denunciaron amenazas por contender en una candidatura.

De acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), las elecciones presentan una oportunidad para poner a prueba una democracia. Que las mujeres pueden inscribirse para votar, presentar su candidatura y emitir un voto en secreto son indicadores de una democracia inclusiva.

Este documento refiere que cuantas más mujeres participen como votantes, candidatas, dirigentes de partidos políticos y personal electoral, más aceptación ganará su presencia en la política.

La CNDH lamenta que actualmente, la violencia continúa siendo uno de los principales obstáculos para el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. El aumento de su participación y representación política ha estado acompañado por un incremento de la violencia en su contra.

En México, la Ley General en Materia de Delitos Electorales no tipifica la violencia política de género por lo que no ha sido tarea fácil para las autoridades electorales perseguirla y sancionarla.

En Querétaro, la violencia política contra las mujeres está contemplada sólo en la Ley Electoral, mientras que en otros estados en el Código Penal y en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, según la CNDH.

La violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer por ser mujer (en razón de género), tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus derechos político-electorales, incluyendo el ejercicio del cargo.

La violencia política contra las mujeres puede incluir, entre otras, violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial, económica o feminicida.

Casos

Se trata de Paulina Chávez Lora, candidata independiente a la presidencia municipal de Tequisquiapan, Querétaro, quien presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

A principios del mes de junio, la aspirante refirió en declaraciones que recibió amenazas de muerte a través de dos números telefónicos con lada del estado, en los cuales le exigieron a la candidatura que renunciara antes del 15 de junio o las consecuencias serían la muerte de ella o algún familiar, según los mensajes.

En entrevista, dio a conocer que estos mensajes fueron recibidos a partir del 2 de mayo con pequeñas advertencias e intimidación, hasta que culminaron en amenazas de muerte.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Juan Marcos Granados Torres, explicó que solicitaron seguridad para la candidata y que activaron los protocolos por violencia política de género debido a que difundieron fotografías y videos sexuales en los que presuntamente aparece la candidata.

Por otro lado, Eva Maldonado Hernández, candidata a la alcaldía de Landa de Matamoros, denunció ante las autoridades que su camioneta de campaña sufrió un atentado armado, en la cual no se encontraba. Al respecto la Fiscalía General del Estado informó que continúan las investigaciones.

Además, el 20 de junio pasado, la activista Josefina Meza, candidata a una diputación local detuvo su campaña por unos días debido a amenazas de muerte. La priista declaró que denunció estos hechos en la Fepade.

“Es muy lamentable, es doloroso, atenta contra la construcción de una #DemocraciaParitaria en mi país. He acudido ante la FEPADE para pedir se investigue y se me brinde la seguridad correspondiente a mí y a mi familia. Por supuesto no voy a exponer a las personas que sin paga alguna, se han sumado a éste proyecto. Estoy preocupada y muy indignada. #NoEsElCosto que por ejercer mis derechos político-electorales, mi vida corra peligro”, publicó en su red social.

Cabe mencionar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) publicó en conjunto con el INE, INMUJERES, entre otros organismos, un protocolo de Violencia política contra las mujeres en razón de género.

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