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Dinero ilícito, sustento del clientelismo

Por cada peso limpio, hay 15 “sucios” en el proceso electoral, advierten ONG
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El reparto de las tarjetas llamadas “Pa’ las jefas” y “Pa’ los jóvenes” en la campaña de la candidata a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México de la coalición Por la CDMX al Frente, Alejandara Barrales, genera clientelismo electoral que funciona principalmente con dinero ilegal para las campañas políticas en México.

Este tipo de financiamiento fue estudiado por las organizaciones Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) e Integralia Consultores, que documentaron la forma en que dinero ilegal, tanto público como privado, llega a los procesos electorales y contribuye a los triunfos de los candidatos, pero deriva en beneficios futuros para determinados sectores y mantiene clientelas.

“Una de las razones en la entrada del dinero ilegal a las elecciones es por el contubernio del negocio público-privado; muchos contratistas privados ven a las campañas como la oportunidad para comprar derecho de picaporte y donan, por ejemplo, 10 pesos sabiendo que obtendrán 100 pesos o mil pesos.

“Muchos de los contratistas que surgen en cada nueva administración, ya sea municipal, estatal o federal, son quienes dieron dinero a las campañas”, explicó Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE hoy Instituto Nacional Electoral INE) y director de Integralia.

María Amparo Casar, presidenta de MCCI, explicó que cada tres años, cuando hay procesos electorales federales, en los meses anteriores a la campaña sube la circulación de efectivo en la economía mexicana.

“Con datos oficiales del Banco de México (Banxico) descubrimos que cada tres años, en elecciones federales, por ejemplo, las de 2012 y 2015, subió 37 mil millones 28 mil; esto significa cinco por ciento del dinero en efectivo en la economía. No podemos afirmar con certeza que todo se vaya a campañas, pero sí es curioso que repentinamente, en ese periodo, las transacciones en efectivo suban”, refirió la también académica.

Casar explicó que la distribución de tarjetas entregadas en las contiendas electorales se sostiene de ese dinero efectivo que mediante “compañías especializadas se dedican a lavar el dinero”.

Dinero malo y bueno

De acuerdo con el estudio “Dinero bajo la mesa, financiamiento y gasto ilegal de campañas políticas en Mexico”, por cada peso que los partidos políticos reportan en campañas electorales estatales, hay 15 pesos que se mueven bajo la mesa.

En las entidades, cuando se renueva la gubernatura, los aspirantes a mandatarios gastan más del tope legal y opera una red de irregularidades mediante recaudación en efectivo a través de los gobiernos, pero que no ingresa a las tesorerías.

Se trata de anomalías como las adjudicaciones directas y subcontrataciones con sobrecostos, el uso de facturas apócrifas y los descuentos de nómina.

Los presentadores del estudio pusieron como ejemplo que en las elecciones locales celebradas en 2017, según las cifras oficiales, los partidos gastaron 276 millones de pesos adicionales a los reportados, pero sólo se sabe el origen de alrededor de 31 millones, por lo que del resto se desconoce su origen.

Privado el ilegal

“Las modalidades de financiamiento privado ilegal implican las comisión de delitos, como la defraudación y evasión fiscal, simulación de empresas fantasma.

El dinero a campañas se entrega en efectivo o en especie, ya sea directamente al candidato o partido, o mediante terceros usando esquemas de triangulación”, refirió Leonardo Núñez, uno de los investigadores que participó en la presentación del estudio.

Ante este escenario, las organizaciones propusieron la creación de una ley electoral y financiamiento público con base cero, reformular los topes de gastos de campañas, un sistema integral de fiscalización integrado por el Sistema de Administración Tributaria, Auditoría Superior de la Federación, la Unidad de Investigación Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el Instituto Nacional Electoral.

Además del voto obligatorio, para disminuir su compra y, en caso de que los ciudadanos no ejerzan sus derechos, reciban algún tipo de castigo; Luis Carlos Ugalde fue quien explicó cómo podría ser una propuesta.

“Podríamos poner una sanción a quienes no voten, para que no realicen diversos trámites oficiales. Otra sanción sería una económica de acuerdo a los ingresos”, indicó Ugalde.

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