Alejandra Cueto
El regidor Juan Pablo Cárdenas, integrante de la bancada del PRI, acompañado del diputado federal Braulio Guerra, presentó un punto de acuerdo ante el Ayuntamiento de Querétaro, para que sea implementado el Sistema Braille en la nomenclatura de las principales calles de la ciudad, así como en los mercados públicos, plazas, parques, jardines, y bienes de dominio público del Municipio de Querétaro. De la misma forma, realizaron un exhorto a los Poderes de la Federación y del estado para que implementen esta medida en el ámbito de su competencia.
Cárdenas Palacios afirmó que de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) de 2015, en el municipio existen 10 mil personas que padecen una discapacidad visual. Y dado que en el Plan Municipal de Desarrollo de la presente administración la movilidad es una de las políticas más importantes, piden que esta sea incluyente.
El regidor explicó que la presencia del legislador federal obedeció que en una experiencia Guerra Urbiola al caminar por las calles de Campeche observó que el Sistema Braille estaba incorporado en los señalamientos de las calles, y decidió enviarle las imágenes al regidor para sugerirle que debían hacerse cambios en las vialidades del municipio. El diputado aseguró que decidió acompañarlo para proporcionarle su apoyo en lo que fuera necesario, pues todas las personas que están en el servicio público tienen una deuda con las personas que tienen alguna discapacidad. “No hemos hecho lo suficiente y debemos impulsar iniciativas como éstas para mejorar las condiciones de desarrollo que tienen”.
Juan Pablo Cárdenas añadió que también sostuvo reuniones de trabajo con los integrantes de la Unión de Minusválidos de Querétaro I.A.P. algunos de ellos estuvieron presentes durante el anuncio del punto de acuerdo, y narraron que han sufrido accidentes debido al mal estado de algunas banquetas y calles, desde lesiones en alguna parte de su cuerpo, como los ojos, o bien, caer.
El regidor agregó que implementar el sistema Braille en los espacios públicos , “no solo permite cumplir un mandato constitucional y legal, sino que constituye un acto inclusión y de justicia social, de respeto a los derechos humanos de quienes padecen esta discapacidad, y permite enviar un claro mensaje las presentes y futuras generaciones en el sentido de que si procuramos, protegemos y tratamos bien a nuestros grupos vulnerables, en este caso a las personas con discapacidad visual, y si somos capaces de reconocerles sus espacios y los derechos que le corresponden estaremos construyendo una sociedad más civilizada, justa y equitativa, lo cual se reflejará en una mejor calidad de vida”.
